El inspector jefe cree que el acusado también participó en el atraco al Cash Miño en 1992 y que se le podría imputar un tercer asesinato a un vecino de Monforte
LUGO, 9 (EUROPA PRESS)
Un inspector jefe de la Unidad Central de Delincuencia Especializada de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, desplazado a petición de la Fiscalía en 2013 a Lugo para investigar el crimen del Cash Record, ocurrido el 30 de abril de 1994, ha señalado este jueves en su declaración que “no había pruebas determinantes”, pero “sí indicios suficientes para declarar al acusado autor del doble asesinato”.
En la cuarta jornada del juicio en la Audiencia Provincial de Lugo, este inspector ha apuntado que el acusado, M.J.V.C., “cumple todos los requisitos”. Así, ha incidido en que la persona que mató a la cajera y al reponedor “entró con la intención de no dejar testigos, ya que sabría que lo iban a reconocer”.
En esta línea, ha indicado que “no fue un toxicómano que se puso nervioso y disparó”, sino que era una persona “conocida por los trabajadores del local” y que “estaba familiarizada y no de forma superficial con las armas”.
Además, este inspector jefe ha explicado que la investigación seguida por los agentes de Lugo “coincidía al 100%” con las conclusiones a las que llegó su brigada.
Este inspector de la Udev ha contado que el acusado se debió de enterar de que se estaba volviendo a preguntar por el crimen, ya que en la intervención de su teléfono se comprobó que había buscado en Internet “páginas de ‘personas en busca y captura en España'”.
RELACIÓN DEL ACUSADO CON OTROS CASOS
En su declaración este agente ha mencionado la supuesta relación del acusado con el atraco del Cash Miño, ocurrido en Lugo dos años antes, ya que “es el mismo modus operandi” y en ese atraco — cometido por dos personas — uno se refirió al otro con el nombre del acusado.
Asimismo, ha señalado que estas investigaciones también podrían imputarle a M.J.V.C. un tercer asesinato, el de un hombre natural de Monforte de Lemos que apareció muerto en una finca en las inmediaciones de Lugo y que según el agente, podría ser “por cuestiones de droga”.
De este modo ha declarado que el juzgado rechazó reabrir la causa, aunque ha puntualizado que “hay indicios que señalarían que el acusado lo mató y se quedó con el dinero”.
PRIMEROS AGENTES EN LLEGAR AL CASH RECORD
Entre los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado citados en esta cuarta jornada del juicio, han estado los primeros tres policías locales que acudieron al lugar de los hechos. Según han relatado se encontraban trabajando en la calle y fueron hasta el local con un coche patrulla y un furgón de atestados.
Estos testigos han indicado que en la llamada que recibieron alertando del suceso, por parte de la sala del 092, ya se les comunicó que había dos personas fallecidas dentro de la nave y que cuando llegaron había varias personas fuera del local — creen que eran familiares de las víctimas –.
De esta forma, han apuntado que procedieron ha acordonar la zona y revisar el local hasta que llegaron la Policía Nacional y la jueza de guardia. Sobre si había o no una huella en la sangre, uno de ellos “no lo recuerda” y los otros dos creen que “si que había”, pero que “no saben si se analizó” y que quizás “fuese de un familiar”.
REGISTROS EN EL BAR Y EL DOMICILIO DEL ACUSADO
Además, ha pasado por la Audiencia este jueves un antiguo inspector de la Policía Local que participó, entre otras actuaciones, en las inspecciones del bar del acusado en la Rúa Nova y del domicilio de los padres del mismo.
Este ha recordado que en el bar se encontraron, entre otras cosas, una jarra blanca con un teléfono anotado en papel, dos cuchillos de monte con fundas, un bolsa de heroína con 1 gramo y 270.000 pesetas .
Así, ha destacado que había varios billetes “enumerados de forma correlativa”, que aunque el acusado señaló en un su momento que se correspondían con la recaudación, a los agentes les pareció “imposible”.
Otro policía local ha detallado que encontraron una cantidad importante de dinero en el bar y que, en el piso, aparecieron, entre otros objetos, “una peluca y unos guantes”. Según ha indicado el antiguo inspector esto puede hacer pensar que la mujer que supuestamente podría estar implicada “igual no lo era”.
POSESIÓN DE ARMAS Y GUARDIA CIVIL INCRIMINADO
El inspector de la Policía Local jubilado ha hablado también en su declaración sobre el relato de uno de los toxicómanos — que declaró el martes — que apuntó que había acompañado a su cuñado — ya fallecido y al que supuestamente M.J.V.C le ofreció el atraco — y al acusado a probar unas armas en las inmediaciones de Ramil (Lugo) antes del crimen.
De esta manera, ha indicado que en la inspección del pinar “no se encuentran casquillos”, pero que había dos pinos con “dos orificios, uno de entrada y otro de salida” y que en otro “se hizo una incisión y se encontró un proyectil de una pistola 9 milímetros”.
Además, ha vuelto a salir el nombre del guardia civil — fallecido –al que otro compañero retirado señaló este miércoles por tenencia de armas y explicó que “tú le daba un arma y él te la arreglaba. No sé si lo hacía con armas ilegales, pero se comentaba”.
Sobre este asunto, el antiguo inspector resaltado que tiene la presunción de que a este guardia civil “se le entregaron las armas para que las reconstruyera”, lo que impediría ser reconocidas en las pruebas periciales.
PRUEBAS PERICIALES
Asimismo, los médicos forenses que llevaron a cabo las autopsias de los fallecidos se han ratificado en sus informes y han apuntado que ninguno de los cadáveres presentaba “señales de lucha”.
Por su parte, los agentes de la Comisaría General de Policía Científica han apuntado que se hizo un primer informe con un estudio sobre en el que se llega a la conclusión de que “las vainas fueron percutidas por un mismo arma y las balas disparadas por un mismo cañón”. Así, han apuntado que según esto “lo lógico es que interviniese un arma”.
CASI TRES DÉCADAS ESPERANDO EL JUICIO
Era la noche del 30 de abril de 1994 cuando Isabel, preocupada por la tardanza en regresar a casa de su hermana Elena, se desplazó hasta el Cash Record del Polígono de O Ceao de Lugo para descubrir que tanto ella como Esteban, un reponedor, los únicos trabajadores del establecimiento a la hora del cierre, habían sido asesinados a tiros en el transcurso de un robo.
Así daba inicio uno de los casos más complejos del sistema judicial español y toda una excepción: la Audiencia de Lugo ha abierto este lunes juicio oral contra el único acusado de este crimen, una vista que se basa en el sumario judicial en abierto y en trámite más antiguo del país.
La investigación inicial, poco pudo determinar del autor o autores del crimen en su momento, salvo que el ataque se produjo en el momento del cierre del establecimiento y que las víctimas abrieron la puerta a una persona que no parecía suponer una amenaza para ellos, por lo que sus familias siempre creyeron que era alguien conocido.
Para el procesado, las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, piden 28 años de prisión por los dos homicidios y por un delito de robo con violencia, dado que se llevaron también un botín de unos cinco millones de pesetas (30.000 euros). La Fiscalía, sin embargo, no ha presentado cargos contra el procesado, pues no ve pruebas de cargo contra él.
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